El gobernador Jorge Capitanich anunció el envío de un proyecto de Ley de adhesión a la legislación nacional de ética en el ejercicio de la función públicas que establece la publicación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de funcionarios provinciales. “A partir de ahora se las publicará vía internet para el conocimiento por parte de la ciudadanía; es un avance importante para garantizar la transparencia de la función pública”, y destacó que se trata de un elemento innovador y avance cualitativo extraordinario desde el punto de vista de la transparencia de las cuentas públicas, contribuyendo así a la calidad institucional de la provincia"
De la conferencia de prensa participaron la secretaria general de la Gobernación Cecilia Baroni; el titular de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas Héctor Lagos; y la fiscal relator del Tribunal de Cuentas Susana Jerez.
La norma establece que una vez concluido el mandato constitucional se podrán formular objeciones a la conducta y/o comportamiento de un funcionario, con los mecanismos de denuncia pública a través de la Fiscalía Administrativa.
Además, los funcionarios estarán obligados a permanecer en la provincia por un tiempo determinado y realizar la rendición de cuentas. Capitanich precisó que son tres los puntos más relevantes de la legislación: la presentación de una declaración jurada patrimonial, la rendición de cuentas y cumplimiento de metas, y el control externo por parte del Tribunal de Cuentas en materia de ejecución presupuestaria.
La iniciativa legislativa forma parte de las políticas destinadas a garantizar mayor transparencia en la gestión pública en todo el ámbito provincial como el proyecto de Ley de Juicio por Jurados, la selección de los miembros del Superior Tribunal de Justicia por concurso de antecedente y oposición, y la elección por concurso también de los cargos constitucionales de control –Contador y Tesorero-.
Iniciativas para garantizar transparencia en la función pública
Baroni explicó que la reglamentación de la ley se realizó en forma conjunta con el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y remarcó como principal objetivo de la norma, la posibilidad de que los ciudadanos puedan evaluar el desempeño de los funcionarios públicos al término de su mandato. En tanto que Lagos explicó que la FIA constituye el organismo administrativo que sustanciará el procedimiento de juicio de residencia.
La norma no implica una limitación para otras legislaciones vigentes ni para el accionar de los organismos de contralor, sino que se complementa a los mecanismos existentes. “Para nosotros, como organismo de control, es muy auspicioso que un gobierno que está a punto de terminar su mandato, propicie reformas de este tipo para una mayor transparencia”, subrayó.
Sobre el proyecto de adhesión a la Ley nacional Nº 26857, explicó que se trata de una modificación del régimen de declaraciones juradas patrimoniales vigente en la provincia, que implica la publicación y difusión de este tipo de documentos que son reservados. “Hoy hay más de 10 mil declaraciones en la Escribanía General de Gobierno que es la que tiene la custodia, pero la gente no conoce su contenido porque se trata de un régimen cerrado, y es eso lo que se pretende revertir a través de este proyecto en el que estamos trabajando con el Gobierno”, explicó y remarcó la importancia de difundir públicamente el patrimonio de los funcionarios.
De aprobarse el proyecto en la Legislatura, Chaco sería la primera provincia en adherir a esta metodología que implica tomar de la base de datos de Afip, las declaraciones que presenta cada funcionario anualmente y publicarlas en la página web de la Fiscalía.