Consorcios Rurales del Este chaqueño viven una "dura realidad"

Los presidentes de consorcios rurales de las localidades de El Palmar, Resistencia, Makallé, Colonia Benítez, Margarita Belén, Puerto Tirol, Capitán Solari, Basail, Selvas del Río de Oro, y Fontana, se reunieron para analizar y hacer un balance de la situación de los consorcios durante el 2014. Todos coincidieron en que el proyecto de la ley 6.547 es auspicioso, pero que “hoy no se aplica y los pequeños productores no tienen fondos suficientes para poder llevar adelante sus chacras”. Hugo Aranda, presidente del consorcio rural de El Palmar y Resistencia reiteró que “los consorcios rurales necesitan si o si un presupuesto anual de $100 millones, para que los productores puedan sentir la asistencia, para que ellos puedan comprar combustible y semillas, puedan reparar las maquinarias, comprar repuestos con seguridad, pagarle las deudas a los tractoristas e incluso regularizar su situación laboral, ya que están en negro. Hasta ahora no se cumplió con la transferencia ni del 50% de los fondos aprobados en 2010, cuando el combustible salía $3,40 y hoy sale $15”, aseguró.

“En esta época que los funcionarios empiezan a salir de vacaciones, los pequeños productores agrupados en los consorcios rurales siguen esperando una respuesta concreta que les solucione los graves problemas financieros que tienen, y no estar esclavizados a la decisión de un funcionario”, enfatizó.

La situación grave de la siembra

El mencionado presidente recalcó que 2014 es el Año de la Agricultura Familiar, sin embargo, “en las chacras no se alcanzó a sembrar el 30% de la producción que debería, y en algunos casos ni el 20%”.

“Ahora en diciembre se pierde la siembra tardía de enero-febrero por falta de recursos, una total agonía para los consorcistas”, explicó.

Estado de alerta

Aranda sostuvo que en los primeros días de enero se convocará a una lucha provincial por los derechos de los agricultores familiares de los 91 consorcios rurales del Chaco, que agrupan más de 15.000 productores, por lo que se declaran en “estado de alerta”.

“El objetivo es solucionar los graves conflictos económicos que tienen ilegalmente los consorcios y luchar para que esta ley 6.547 que tanto derechos nos da, no desaparezca por culpa de la incapacidad de los funcionarios”, anunció.

Reglamentación del Instituto de Agricultura Familiar

Los directivos de los consorcios reunidos solicitan al Poder Ejecutivo que se comprometa a cumplir su rol y reglamente la ley 7.303 que crea el Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (IDRAF), sancionada y promulgada en octubre de 2013, pero que al día de hoy no fue reglamentada.

“El IDRAF proporcionará a los consorcios rurales la identidad institucional que merecen, luego de tantas luchas y desmanejos de funcionarios públicos que no cumplen la ley ni tienen en cuenta las necesidades de los agricultores familiares”, concluyó.