Ex detenidos políticos denuncian la "política de seguridad" de Bacileff

Con la firma, entre otros de "Chachi Quintana", Juan Fernandez, Ernesto Goñi, Ricardo Ilde, Eduardo Saliva, Silvia Robles, Eugenio Dominguez Silva y Margarita Carabajal, la Asociación de Ex detenidos Políticos de la Provincia del Chaco emitió un duro comunicado en el que acusan al gobernador Bacileff Ivanoff de mostrar "por presión o por decisión propia, prácticas que son rémoras de la última dictadura" y que eso está demostrado "tanto en su convicción de reprimir el conflicto social como en volver para atrás la política de avanzada en materia de seguridad que el gobernador Capitanich impulsara y diera lugar a la sanción de la Ley de Seguridad Pública, que entre otras cuestiones centrales pone la conducción política de las fuerzas policiales en manos de civiles". En el documento también se pregunta al gobernador "¿dónde estuvo usted detenido, y por qué causas (entre 1973 y 1974)? De igual forma se le solicita que "por sus tres semanas de detención en el año 77 en Sáenz Peña, sería de suma importancia que concurriese a la Asociación de Ex Detenidos Políticos o a la Comisión Provincial por la Memoria, o donde considere conveniente, a fin de aportar los datos sobre los compañeros desaparecidos de Ligas Agrarias".

Texto completo del comunicado: "En una anterior carta abierta dirigida al gobernador interino de la provincia, alertábamos fuertemente sobre la falta de políticas en materia de DDHH, y la preocupación sobre lo que aparecía como una derechización de la dirección que el gobierno tomaba en materia de seguridad y justicia.
Lo hacíamos como un aporte militante, y por ser partes del Proyecto Nacional que logró la inclusión de la mayoría de los sectores populares, y los más de seis millones de puestos de trabajo en todo el país.
Sin embargo, el acuartelamiento de la policía, en diciembre, dejó en claro que el Vicegobernador a cargo interinamente del Ejecutivo, que había definido correctamente el hecho como una “sedición”, terminó mostrando , por presión o por decisión propia, prácticas que son rémoras de la última dictadura. Tanto en su convicción de reprimir el conflicto social como en volver para atrás la política de avanzada en materia de seguridad que el gobernador Capitanich impulsara y diera lugar a la sanción de la Ley de Seguridad Pública, que entre otras cuestiones centrales pone la conducción política de las fuerzas policiales en manos de civiles. Prueba de lo que decimos es el nombramiento en la Subsecretaría de asuntos policiales del comisario Jorge Edmundo Caballero, o el fallido intento de nombramiento de Eduardo Wischnivetzky como asesor de seguridad, o personajes reconocidos y largamente denunciados por su participación en delitos de lesa humanidad, reincorporados en las alcaidías y en las jefaturas.
No debe llamar la atención entonces que con esta gente al frente ocurran hechos como el reciente asesinato de la joven oficial Yamile Gómez, en la alcaidía local. Episodio no esclarecido del que hay más interrogantes que respuestas.
La salvaje represión a los movimientos sociales, -que una semana antes se expresaban como custodios de los logros del gobierno nacional y provincial-, con tanques hidrantes que atravesaban la plaza 25 de Mayo como en un espectáculo bélico, mientras se reprimía con balas de goma y gas “pimienta” a mujeres con bebes en brazo, niños o embarazadas, revela el nuevo rumbo.
Casi en simultáneo en Pampa del Indio, una protesta de pueblos originarios que reclamaban por agua en un corte de ruta, era violentamente desalojada, dejando heridos y cinco presos una semana tratando de invertir la culpabilidad.
Esto, que por la visibilidad de sus consecuencias es público y notorio, va acompañado de una cotidianeidad naturalizada, de una práctica policial que se sustenta en el paradigma del gatillo fácil y de que pobre y joven es sinónimo de delincuencia. Quizás nadie se entere, o lo tomen como algo natural, después del baile, en los bares de Resistencia, se dispersa a los jóvenes con balas de goma. Los patrulleros circulan en contramano disparando y dispersando jóvenes, para que el ciudadano y el comerciante del “centro” crean que están protegidos. O como cuando reprimieron a los alumnos de quinto año de la escuela Normal que estaban festejando el fin de curso.
El día lunes tres de marzo, hicieron su práctica en Barrio Toba, Chelliyi, Cotap y Camalote, los vecinos aterrorizados no podían comprender lo que pasaba. La cantidad de balas de goma utilizadas para una represión tiene un solo fin: imponer la cultura del “miedo”, del “no te metas”, de la negación del conflicto y de las diferencias.
Para quienes hemos sido por nuestra militancia, las víctimas privilegiadas del terrorismo de Estado, es un imperativo moral denunciar y repudiar cualquier respuesta que roce con sus fundamentos.
Por eso, Señor Gobernador, nos llamó la atención sus palabras en la legislatura. Nos hubiera gustado escuchar sus propuestas respecto a los cuestionamientos en relación a la represión al conflicto social y no un comentario contestatario que no hace más que revelar un pensamiento afín a quienes adhirieron al genocidio de la dictadura o a la teoría de los dos demonios, con la que se pretendió adormecer la memoria de los argentinos.
Asimismo, en los años 73 y 74, los militantes de la Regional Cuarta, Tendencia Revolucionaria de la Juventud Peronista, en el marco del “Luche y Vuelve”, trajimos al General Perón y logramos la Liberación de los presos políticos: ¿dónde estuvo usted detenido, y por qué causas? De igual forma, por sus tres semanas de detención en el año 77 en Sáenz Peña, sería de suma importancia que concurriese a la Asociación de Ex Detenidos Políticos o a la Comisión Provincial por la Memoria, o donde considere conveniente, a fin de aportar los datos sobre los compañeros desaparecidos de Ligas Agrarias.
Por último, reafirmamos que se vuelve imprescindible, tal como lo expresara taxativamente la presidenta Cristina Kirchner en su discurso al abrir las sesiones ordinarias de la Legislatura Nacional, que se abran los canales de debates en toda la provincia, para resolver estos problemas a través del diálogo y el consenso, como viene haciéndolo desde hace más de diez años el gobierno nacional. Los gobiernos populares no reprimen. Lo contrario nos llevaría a pensar en un abandono del Proyecto Nacional y Popular por estar preparando un desembarco en el arco político de quienes quieren volver al país de la exclusión y la consecuente represión de los sectores populares.

Asociación de Ex detenidos Políticos de la Provincia del Chaco “ Chachi Quintana” Presidente: Juan Fernandez, Ernesto Goñi, Ricardo Ilde, Eduardo Saliva, Silvia Robles, Eugenio Dominguez Silva , Margarita Carabajal, Siguen las Firmas"